La fiscal ha afirmado en las conclusiones del juicio de las adopciones irregulares del Congo que las dos acusadas "estafaron" a diez padres adoptivos con la intención de lucrarse, aprovechando la credibilidad que les daba trabajar bajo una asociación acreditada por la Generalitat.
Según la fiscal, la presidenta de la Asociación de Adopción de Niños en el Congo (Adic), Anna María S., y su directora, María Cintia A., vieron en la asociación una "oportunidad para hacer negocio", por lo que engañaron a diversas familias con la posibilidad de que adoptaran un niño de la República del Congo y de la República Democrática del Congo.
"Les dijeron que había niños que podían adoptar y les enseñaron documentos, fotos y vídeos", sostiene la Fiscalía, mientras que algunos de estos menores no estaban abandonados, no estaban en casas cuna --sino en orfanatos---, y no se correspondían con los nombres que se daban a los padres adoptivos. Además, las acusadas "se quedaron con el dinero de las adopciones" --que tuvo que devolver la Generalitat a las familias cuando se destaparon las irregularidades-- y no queda acreditado con qué se gastaron las subvenciones y las cantidades de las tarjetas de crédito.
Por eso, y porque "tiene que ser horroroso ilusionarse con una paternidad a la que se ha puesto nombre y cara", la fiscal ha solicitado en sus conclusiones finales la pena máxima de cuatro años de cárcel para cada acusada por un delito agravado de estafa.
PIDE LA ABSOLUCIÓN
La defensa de ambas ha pedido su absolución alegando que "en absoluto" han cometido un delito de estafa, y ha argumentado que sus defendidas no trazaron ninguna trama de forma premeditada en la que las familias finalmente no pudieran adoptar."No existe prueba ni por asomo de que en el momento del contrato las defendidas conocieran que las adopciones no se llevarían a cabo", ha defendido, y ha recordado que, en otros casos, los procesos concluyeron satisfactoriamente para las partes.
También argumentan que no puede haber engaño porque "las gestiones se efectuaron", y fueron supervisadas por la Generalitat y otras instituciones de los dos países africanos, por lo que, si las adopciones no se hicieron, fue por motivos ajenos a las acusadas. La Generalitat ha pedido una sentencia absolutoria de la responsabilidad civil al considerar que bonificó unos 10.000 euros a cada víctima --el dinero que aproximadamente habían pagado para las adopciones--, y que tomaron medidas cuando se creyó oportuno.
ADOPCIONES IRREGULARES
Adic, con sede en Sabadell, se creó a principios de 2006 y en un inicio llevó a cabo adopciones con éxito, aunque con el segundo grupo de padres se detectaron irregularidades en los expedientes, y la Generalitat desacreditó a la asociación para seguir los procesos.
Por eso, la institución catalana tomó el control de las adopciones a finales de 2007 e indemnizó con unos 10.000 euros a las familias que ya habían pagado, a las que explicó que el Gobierno congoleño se había negado a entregar los niños.
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