Tenía 21 años. Era nigeriana, sin papeles, y ejercía la prostitución en las calles de Murcia (según dijeron más tarde las autoridades). Se llamaba, se llama, Omosefe Ijesurobo. El 13 de octubre de 2001 fue detenida por la policía y recluida en el centro de internamiento de extranjeros mientras se tramitaba su expulsión. Llevaba allí nueve días cuando su abogado pidió por escrito que fuese puesta en libertad: “Tiene un hijo de un año de edad que mantener”, alertó al juez. El 24 de octubre, sin embargo, Omosefe fue deportada. Inexplicablemente, la Administración la separó de su hijo. El niño quedó en España. Y el niño tenía un padre, nigeriano, pareja de Omosefe, que también se quedó en España, pero apartado de su hijo. Se llamaba, se llama, Kelly Agbons Bejet.
Casi 11 años después, aquel bebé, de nombre Osagi —si es que lo conserva—, vive con otra familia; ha crecido con ella. Su familia adoptiva. Fue dado en adopción porque la Administración expulsó por error a su madre biológica y no creyó a su padre biológico, que desde el principio reclamó a su hijo. Tras una década de recursos ante distintos juzgados españoles, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de dar la razón a Kelly Agbons, que contaba 25 años la última vez que vio a Osagi y hoy, con 36, tiene otros dos hijos con otra mujer y sigue reclamando a su primogénito. “Este es un caso de robo. España me ha robado a mi hijo”, repite a quien le quiere escuchar. Estrasburgo establece la culpa del Estado español, pero no puede devolver a Osagi a su padre, así que ha obligado al Gobierno a indemnizarlo con 8.000 euros. “¿8.000 euros? Ni 8.000 ni 100.000 millones. No quiero ese dinero. Quiero a mi hijo”.
Esta es la historia de una familia separada por un aparente error administrativo que la Administración en ningún momento reparó. Kelly —que llegará “hasta el final, con la ayuda de Dios” para recuperar a Osagi, aunque eso supondría ahora arrancar al niño de la que ya considera su familia— la cuenta hoy desde su casa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), un sótano de 60 metros donde vive con su actual pareja y sus hijos Emmanuel y Elisabeth, de dos y un año. “A ellos les digo que tienen un hermano”.
La madre de Osagi fue expulsada en 2001;
su abogado alertó de que tenía un bebé,
pero eso no paralizó
la deportación
Kelly, Omosefe y Osagi llegaron a España en dos pateras a finales del año 2000; primero el padre, luego la madre y el bebé, nacido en Marruecos el 7 de septiembre. Se establecieron en Murcia con un pariente de ella. Pero no encontraban trabajo, ni tenían papeles, y en mayo de 2001 Kelly decidió ir a probar suerte a Barcelona. “Busqué trabajo en el campo, dormía en la plaza de Cataluña”. Según su relato, él bajaba cada cierto tiempo a Murcia, en fin de semana, a ver a Omosefe y al niño. Sostiene que Osagi nunca estuvo desatendido. Y cuando sale en la conversación el hecho de que Omosefe acabó trabajando de prostituta, y que el niño quedó a cargo de una pareja amiga de ella, se exalta: “En todo el mundo hay prostitutas, pero no les quitan a sus hijos”.
En octubre de 2001, Omosefe es detenida y expulsada por no tener papeles. Dos días antes de la deportación —según consta en el expediente judicial—, su abogado advierte al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia de que la joven tiene un bebé. A pesar de ello, Omosefe y Osagi son separados (en contra de lo que establece el convenio europeo de los derechos del niño). Ese es el origen inexplicable de este drama familiar: o el juzgado no registra la petición, o no la atiende, o no llega a coordinarse con la policía y su aviso llega tarde, o alguien hace oídos sordos. En ninguna de las sentencias que ha generado esta causa en 11 años se aclara qué es lo que ocurrió (porque el juicio no abordó ese asunto, sino solo si Osagi podía ser dado en adopción o no). El caso es que la nigeriana es expulsada sin su hijo. Y ahí termina la historia de Omosefe y Osagi —no se han vuelto a ver— y empieza el calvario de Kelly Agbons.
Las autoridades de Murcia se dan cuenta enseguida de que se ha cometido un error —entre otras cosas, porque la prensa denuncia el caso y otro idéntico de otro niño nigeriano separado de su madre expulsada— e intentan reagrupar a Omosefe con su hijo inmediatamente: piden a la Embajada de Nigeria que trate de encontrarla, pero es en vano. La mujer no aparece. Es lo que alegó el Gobierno en el juicio, años más tarde: que, una vez deportada, fue imposible volver a traer a la madre, y el niño —no había sido inscrito en el Registro Civil por sus padres— quedó en un limbo jurídico, en manos de los servicios sociales.
Kelly Agbons no se lo cree. Dice que él ha estado en contacto telefónico con Omosefe todos estos años —asegura que ella ha delegado en él la búsqueda del pequeño—, y que si el Gobierno murciano hubiera querido localizarla a través de ese contacto, lo habría hecho. Él está convencido de que lo que le pasó a su expareja “no le habría pasado a una mujer española”. “Nos trataron así porque éramos nigerianos”, afirma.
Pero además, insiste Kelly, es que no solo había una madre: había un padre. En cuanto él se enteró de que Omosefe había sido expulsada y de que Osagi iba a ser internado en un centro de acogida, se presentó en el Servicio del Menor de Murcia y comunicó que Osagi era su hijo. No tenía forma de demostrarlo, y aquí llega el segundo momento kafkiano de la historia: Kelly acude a hacerse las pruebas de paternidad a una clínica, consigue que la Administración autorice que se extraiga sangre al niño para comparar el ADN... pero, antes de proceder a la extracción, la clínica extiende la factura: 200.000 pesetas (1.200 euros). Él no tiene ese dinero, así que la prueba no se hace. Nadie le dijo que podía acogerse al servicio de justicia gratuita y que la Administración costease la prueba.
Era enero de 2002, Osagi tenía solo año y medio. Meses más tarde era dado en acogida a un matrimonio español, con el que vive desde entonces y que lo adoptó definitivamente en 2007.
Según la sentencia de Estrasburgo, del pasado 10 de abril, el Estado actuó con “desidia”. Primero expulsando a Omosefe “sin realizar las verificaciones previas y omitiendo la información facilitada al juzgado número 3 [que la mujer tenía un bebé]”; más tarde, al no ayudar a Kelly —cuya situación personal era de evidente “vulnerabilidad”— a demostrar la verdad cuando aún estaba a tiempo. Después ya no fue posible: el niño crecía en otra familia, al tiempo que su padre —que logró por fin hacerse la prueba de ADN en 2005 y fue así reconocido como padre biológico por un juez— iba de pleito en pleito: del juzgado de Murcia a la Audiencia Provincial, de ahí al Supremo y al Constitucional (que no admitió el caso).
Ninguno le dio la razón. Todos reprodujeron, con distintas palabras, los argumentos de la primera sentencia de 2006, la del Juzgado de Primera Instancia y Familia número 3 de Murcia: que la Administración había hecho todo lo posible por reagrupar a Osagi con su madre; que Kelly no tenía derecho a reclamar porque había quedado “acreditado” que “incumplió sus deberes paterno-filiales prácticamente desde el nacimiento del menor”, al “consentir” que Omosefe ejerciera la prostitución y “abandonar” al niño al cuidado de terceros; que es cierto que se presentó al principio a reclamar su paternidad, pero luego desapareció durante dos años y solo volvió a intentarlo a partir de 2004, y, sobre todo, que separar a Osagi de su nueva familia a esas alturas habría sido “claramente perjudicial” para él.
“¡Yo no abandoné a mi hijo! Este no es un caso de abandono, es un caso de robo. Como los de esos niños que salen estos días en la tele, que fueron robados por las monjas. Pero a mí me lo robó España”, se lamenta Kelly, y con la diferencia, subraya, de que a él no le dijeron que su hijo había muerto: sabe que está vivo y lo busca desde el primer día. “Cuando expulsaron a Omosefe y fui a Murcia, vi a Osagi. Aún no estaba con los servicios sociales. Pensé en cogerlo y traerlo conmigo a Barcelona, pero no quería que pensaran que me lo llevaba a la fuerza. Quise hacerlo todo bien. Y al final han adoptado a mi hijo y yo no lo he vuelto a ver”.
El tribunal europeo está de acuerdo en que la situación de “abandono” de Osagi “ fue causada, al menos parcialmente, por la propia Administración” y que la “falta de vínculos” actual entre Kelly y Osagi no es imputable a Kelly, sino al tiempo que han pasado separados por la “desidia” del Estado. Pero Estrasburgo no es quién para “sustituir a las autoridades nacionales” en el asunto de fondo: la adopción de Osagi. Solo puede fijar una indemnización, y la fija en 8.000 euros. “Vamos a denunciar a España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y estamos estudiando presentar una demanda de nulidad del procedimiento de adopción”, explica Pablo Ruiz Palacios, el abogado que atendió primero a Omosefe y después a Kelly. Es improbable que esa demanda prospere tantos años después, pero quizá podría dar lugar a que un juez dictase algún tipo de régimen de visitas para que Kelly y Osagi vuelvan a verse. Aunque Kelly rechaza acuerdos: “Yo quiero a mi hijo”.
Según los informes de los servicios sociales que fueron presentados en el juicio, Osagi fue adoptado por una familia que lo quiere, lo cuida y le ha dado una vida muy feliz. ¿Obligarle a cambiar ahora de familia no sería demasiado doloroso para el niño? Kelly medita y responde: “Es una buena pregunta. Pero es que yo soy su padre, yo llevo muchos años sufriendo. Y además, yo sé que mi hijo no es feliz. ¿Sabe por qué? Porque es negro, es hijo de Kelly el nigeriano, no es hijo de española. En la escuela los niños le amenazarán, le dirán: ‘tú eres un negro, esa no es tu familia’. Yo estoy muy preocupado por eso. Conmigo no sufriría”.
El abogado Ruiz Palacios alegó, en uno de sus recursos a las sentencias en contra, que había que reagrupar a Osagi con su padre no pensando en el padre, sino en el hijo: para “evitar desasosiegos futuros” a un niño que un día, como muchos adoptados, podría preguntarse por sus orígenes. Kelly lo dice de otra manera: “¿Por qué no piensa España en Osagi, que no conoce a sus padres? Mi hijo siempre estará pensando en cómo serán sus padres, dónde están, cómo buscarlos, y no podrá concentrarse”.
Fuente: El País
Texto:
Vera Gutiérrez Calvo /
Álvaro de Cózar
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