Absueltas de estafa por las adopciones fallidas del Congo, porque solo trabajaron mal

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a las dos responsables de la Asociación de Adopción de Niños del Congo (ADIC), controlada por la Generalitat de Cataluña, acusadas de estafar a una decena de familias en procesos fallidos de adopción, al estimar que no engañaron a los aspirantes, sino que no hicieron bien su trabajo. En la sentencia, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona absuelve a la presidenta y a la directora nacional de la ADIC porque entiende que la "falta de excelencia" en la gestión de su negocio "no puede merecer una sanción penal", ya que no se ha probado que hubieran intentado engañar a las familias.

En el juicio celebrado el pasado 15 de abril, la fiscalía pidió cuatro años de cárcel para las dos responsables de la ADIC, acusadas de estafar a una decena de familias, a las que cobraron 10.000 euros pese a que, según sostenía el ministerio público, sabían que no podrían lograr la adopción. En la sentencia, la Audiencia también exime al Instituto Catalán de Adopción de la responsabilidad civil por la polémica gestión de la ADIC, que provocó una crisis diplomática en 2006, cuando varias familias que se habían desplazado al Congo a buscar a sus hijos tuvieron serios problemas para abandonar el país con los pequeños.

La fiscal concluye que las acusadas de simular adopciones en el Congo "estafaron" para lucrarse

La fiscal ha afirmado en las conclusiones del juicio de las adopciones irregulares del Congo que las dos acusadas "estafaron" a diez padres adoptivos con la intención de lucrarse, aprovechando la credibilidad que les daba trabajar bajo una asociación acreditada por la Generalitat.

   Según la fiscal, la presidenta de la Asociación de Adopción de Niños en el Congo (Adic), Anna María S., y su directora, María Cintia A., vieron en la asociación una "oportunidad para hacer negocio", por lo que engañaron a diversas familias con la posibilidad de que adoptaran un niño de la República del Congo y de la República Democrática del Congo.

   "Les dijeron que había niños que podían adoptar y les enseñaron documentos, fotos y vídeos", sostiene la Fiscalía, mientras que algunos de estos menores no estaban abandonados, no estaban en casas cuna --sino en orfanatos---, y no se correspondían con los nombres que se daban a los padres adoptivos.  Además, las acusadas "se quedaron con el dinero de las adopciones" --que tuvo que devolver la Generalitat a las familias cuando se destaparon las irregularidades-- y no queda acreditado con qué se gastaron las subvenciones y las cantidades de las tarjetas de crédito.

   Por eso, y porque "tiene que ser horroroso ilusionarse con una paternidad a la que se ha puesto nombre y cara", la fiscal ha solicitado en sus conclusiones finales la pena máxima de cuatro años de cárcel para cada acusada por un delito agravado de estafa.

PIDE LA ABSOLUCIÓN

   La defensa de ambas ha pedido su absolución alegando que "en absoluto" han cometido un delito de estafa, y ha argumentado que sus defendidas no trazaron ninguna trama de forma premeditada en la que las familias finalmente no pudieran adoptar."No existe prueba ni por asomo de que en el momento del contrato las defendidas conocieran que las adopciones no se llevarían a cabo", ha defendido, y ha recordado que, en otros casos, los procesos concluyeron satisfactoriamente para las partes.

   También argumentan que no puede haber engaño porque "las gestiones se efectuaron", y fueron supervisadas por la Generalitat y otras instituciones de los dos países africanos, por lo que, si las adopciones no se hicieron, fue por motivos ajenos a las acusadas. La Generalitat ha pedido una sentencia absolutoria de la responsabilidad civil al considerar que bonificó unos 10.000 euros a cada víctima --el dinero que aproximadamente habían pagado para las adopciones--, y que tomaron medidas cuando se creyó oportuno.

ADOPCIONES IRREGULARES

   Adic, con sede en Sabadell, se creó a principios de 2006 y en un inicio llevó a cabo adopciones con éxito, aunque con el segundo grupo de padres se detectaron irregularidades en los expedientes, y la Generalitat desacreditó a la asociación para seguir los procesos.

   Por eso, la institución catalana tomó el control de las adopciones a finales de 2007 e indemnizó con unos 10.000 euros a las familias que ya habían pagado, a las que explicó que el Gobierno congoleño se había negado a entregar los niños.

Juicio por una estafa a familias en la adopción de niños del Congo

Berta Rubio y su pareja ya se habían hecho a la idea. Más que eso: habían puesto nombre y rostro a esa idea. La niña que les había sido asignada como padres adoptivos, a la que habían contemplado en fotografías de su residencia en Kinshasa, se llamaba Benny. Pero la pequeña jamás llegó a Sabadell (Barcelona). “No pudimos adoptarla. Un día, nos llamó la Generalitat y nos dijo que el Congo había dicho que no”, declaró ayer Rubio, una de las 10 afectadas por una presunta estafa perpetrada a costa de adopciones internacionales en África.

Las dos máximas responsables de la Asociación de Adopción de Niños del Congo (ADIC), Maria Cintia Andreu y Anna María Solé, se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito de estafa. La fiscalía cree que se apropiaron del dinero que una decena de familias pagaron a ADIC para tramitar las adopciones. Rubio y su pareja abonaron, en tres pagos, 10.700 euros para traer a Benny a España. Según la fiscal, que pide cuatro años de cárcel para cada una de las acusadas, lograron el dinero “mediante la promesa de lograr la adopción de un menor (...) pese a ser conscientes de la imposibilidad de llevarla a cabo”.

Andreu, exdirectora nacional, y Solé, expresidenta, negaron tajantemente las acusaciones. “No solo no me quedé dinero, sino que puse de mi bolsillo”, alegó Andreu, que era la encargada de reunirse con las familias y de procurar que “no les faltara de nada” a las dos “casas cuna” que ADIC gestionaba en África a través de entidades locales: una en Kinshasa (República Democrática del Congo) y otra, en Brazzaville (Congo). Andreu viajó a esos países con “dinero en efectivo” de la entidad, pero justificó “los gastos”, según su versión.

Además de las aportaciones de las familias interesadas en adoptar a un menor, la ADIC recibió una subvención de la Generalitat de 126.000 euros. Las acusadas defendieron que destinaron todo ese dinero a gastos del proyecto: el mantenimiento de las residencias y el pago de salarios. “Los niños venían muy enfermos”, relató Andreu.

El jefe policial que dirigió la investigación detalló, en el juicio, que detectó irregularidades al analizar los movimientos bancarios de la ADIC. La sede de la entidad, en Sabadell, era propiedad de una empresa de Solé, que percibió 25.000 euros por el alquiler. También figuraba un cheque de 5.000 euros, según el jefe policial, destinado a un juez de Congo por “gestiones judiciales”.

La asociación estuvo operativa apenas medio año, en 2006. Las acusadas lograron cerrar la adopción de una veintena de menores en las primeras semanas. Y aprovecharon esa credibilidad, según la fiscal, para “diseñar un plan” que les permitiera lucrarse. Usaron, para ello, “documentación alterada” sobre los menores. Esa es, de hecho, una de las claves del caso, ya que la fiscalía cree que algunos de esos niños no estaban, en realidad, en situación de desamparo. La fiscal preguntó a Andreu si hizo fotos a niños con padres biológicos para ofrecerlos en adopción. La exdirectora lo negó: “Estoy convencida de que, cuando entraban en las casas, estaban abandonados. Nadie los reclamó”.

Las acusadas alegaron que eran los orfanatos públicos de los dos países los que decretaban la situación de desamparo. Y que esa documentación era enviada y avalada posteriormente por la Generalitat. El organismo del Gobierno catalán que gestiona las adopciones figura como responsable civil en la causa, aunque lo cierto es que a la mayoría de familias ya se les ha devuelto el dinero que pagaron por la tramitación, y que en general ronda los 10.000 euros. “La ADIC nos prometió que tendríamos éxito... Ya hemos pasado página”, declaró Rubio.

España suspende la adopción en 21 países

La Ley estatal de Adopciones Internacionales de 2007, contempla un listado de 21 países en los que se ha suspendido la adopción. Esta resolución afecta a todas las solicitudes que se presenten en cualquier comunidad autónoma.

En concreto, los países afectados por la suspensión de la tramitación de adopciones futuras son Camerún, Chad, Guatemala, Haití, Kazajstán, Liberia, Mozambique, Nepal, República Democrática del Congo (Kinshasa), República del Congo (Brazzaville), Togo, Uzbequistán, Angola, Benín, Camboya, Gambia, Ghana, Gabón, Isla Mauricio y Kirguistán.

La citada ley estatal incluye entre los motivos para tramitar peticiones de adopción con otros países que estos se encuentren en conflictos bélicos, desastres naturales, o no se cuente con una autoridad específica que regule la adopción y no se den las garantías para el proceso, además de que no se respete el interés del menor.

Asimismo, se limita la tramitación, en este caso a través de entidades de mediación de adopción internacional, en los países de Rusia, Nepal, Burundi y Senegal.

En estos casos, se señala que en Rusia los servicios profesionales que realizan estos trámites "quiebran en gran medida" los principios de la adopción internacional. En Nepal se percibe la "falta de garantías de respeto" a los principios de la adopción internacional en las entidades, y, a la vez, se advierte de los "riesgos" que existen si se recurre a otros medios diferentes al igual que sucede en Burundi y en Senegal.

Según se recuerda en la resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, la comunidad autónoma persigue el "interés superior de la infancia y la adolescencia sobre cualquier otro".