lunes, 20 de junio de 2011

Colectivos de padres denuncian cobros abusivos en las adopciones

El proceso de adopciones está en muchos casos envuelto en una nebulosa que preocupa a los colectivos de padres, que denuncian abusos en algunas Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI). Tanto la Asociación Manaia como afectados que no se atreven a aparecer en público, aseguran que existen irregularidades en los trámites a través de la agencia de adopciones Interadop, ya que el coste inicial de las gestiones que firman en el contrato dista mucho de la cantidad que finalmente desembolsan. Cantidades que superan los 24.000 euros sin facturas y que no terminan con la llegada del menor a casa. Las entidades realizan un seguimiento postadoptivo que se puede alargar hasta la mayoría de edad del niño. La supervisión que no es gratuita y obliga a las familias a sufragar hasta un mínimo de 2.850 euros.


Las protestas también se hacen extensibles a la Xunta. La Asociación Menoria Cooperación con Etiopía, con sede en Vigo, envió este mes al Valedor do Pobo quejas de familias en las que muestran su malestar con los cambios operados respecto a los expedientes de seguimiento del menor adoptado. Cuando una familia adopta por vía internacional suscribe el compromiso de realizar cada tres meses durante el primer año, y con carácter anual el resto hasta casi la mayoría de edad del niño, una evaluación, que se hace llegar tras las gestiones pertinentes al país de origen.

Hasta mayo de 2010, las familias podían efectuar estos trámites a través de la Administración gallega con carácter gratuito u optar por hacerlo por medio de los servicios de la entidad colaboradora, por un coste aproximado de 100 euros por cada expediente. Ahora, solo se puede escoger esta segunda vía con el gasto que conlleva, limitándose las delegaciones provinciales a atender solo los casos de seguimiento que ya venían realizando. La Consellería de Benestar afirma que esta medida se tomó porque detectaron que se perdían expedientes durante su tramitación, ya que los países que trabajan con agencias remitían los documentos a las mismas y no a la Xunta.

Actualmente, los procesos de adopciones en Vietnam están vetados. La Asociación Manaia de Ayuda a la Adopción denunció en 2009 las supuestas irregularidades cometidas en Interadop Galicia con las adopciones en este país asiático. Manaia aseguraba que Interadop operaba "engañando a las familias y obteniendo un beneficio económico". Según esta sociedad, Interadop exigía a las familias cantidades no presupuestadas en el contrato que superaban los 5.000 euros y que se destinaban a un gestor. También destacaba que Interadop obligaba a las familias a firmar un documento llamado "consentimiento informado", en el que se incluían gastos como ofrendas a los miembros del comité popular o agilización en tramitaciones con cifras que alcanzaban hasta los 5.000 dólares americanos y que se justificaban como "detalles" con las autoridades. "No me extrañaría que este documento hubiese desaparecido porque compromete mucho a Interadop", afirma el presidente de Manaia, Juan Gaisse.

El delegado de Interadop Galicia no quiere hablar y delega la responsabilidad en su director Carlos Nina. EL PAÍS se ha intentado poner en contacto con Nina y tras varias llamadas la única respuesta que ha obtenido es la siguiente: "No estamos autorizados a hablar con ustedes". 


Con quien sí habló fue con el diario El Mundo en 2010, donde reconocía que "se debe contar con un pago en dinero negro" de 8.000 euros sin factura ni justificación para satisfacer favores y así adoptar de forma ágil y exitosa en Vietnam. Estas declaraciones costaron a esta empresa la suspensión temporal para tramitar expedientes con el país asiático en varias comunidades españolas. Así las cosas, las consejerías de Familia de Cantabria y Castilla y León han inhabilitado el trámite de adopciones a Vietnam a través de Interadop. En Galicia las gestiones para adoptar a un niño vietnamita están paralizadas debido a denuncias que recibió Benestar, según reconoció al Valedor do Pobo. En ellas, los denunciantes atestiguan que las entidades habilitadas en Galicia no acreditan los costes y tienen actuaciones incorrectas durante las tramitaciones. Por ello, suspendió las diligencias de nuevos expedientes con este país.

Fuente: El País


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